La distorsión del aborto

La más reciente incursión de la Corte Suprema en la jurisprudencia del aborto pone en evidencia lo que los críticos conservadores llaman la “distorsión del aborto”. Cuando la Corte revisa casos de aborto, los jueces de tendencia izquierdista y los moderados echan por la borda los estándares legales y judiciales que normalmente aplicarían, con tal de preservar a toda costa la estructura de derechos al aborto que la propia Corte creó. En ningún lugar se ve más claramente esta distorsión, digna de un espejo de feria, que en la decisión del lunes en June Medical Services v. Russo.

En este caso, la Corte sostuvo que el estado de Louisiana no podía imponer ciertas restricciones de salud y seguridad a las clínicas de aborto, los mismos requisitos que aplican a los centros de cirugía ambulatoria. En su opinión de pluralidad controladora, el juez Stephen Breyer sostuvo que estas restricciones llevarían al cierre de clínicas, y que la carga sobre el interés de libertad de la mujer en el aborto “pesaba más” que los beneficios de salud que el estado buscaba, lo que volvía la ley inconstitucional.

Este caso y su resultado son casi idénticos a la decisión de Breyer de 2016, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt. Aunque el presidente de la Corte, John Roberts, disintió de aquel fallo de 5 a 3, esta vez se unió a los cuatro jueces liberales para darles la victoria en June Medical, oponiéndose así a su propia postura anterior.

Podemos ver la distorsión del aborto en June Medical de varias maneras, empezando por la forma en que los tribunales revisan las leyes de salud. En nuestro sistema constitucional, la regulación de la salud pública siempre ha sido una función central de los gobiernos estatales. Por eso, los tribunales revisan las leyes estatales de salud, aun cuando a veces resulten poco útiles o hasta potencialmente dañinas, con un nivel de discreción ampliamente permisivo, y prefieren dejar la regulación en pie.

Pero cuando se trata del aborto, la postura cambia por completo. De repente, este grupo de nueve abogados, que no son médicos ni especialistas en ética ni legisladores electos, adopta la actitud quisquillosa de una junta de revisión médico-regulatoria, escudriñando con lupa y sopesando de manera casi metafísica los beneficios de salud de la regulación frente a la carga que impone para obtener un aborto.

Casi ningún otro campo de la medicina ni industria privada puede librarse de leyes de seguridad debidamente aprobadas solo porque supuestamente no puede cumplirlas. La Corte Suprema ni siquiera permitió que las iglesias de California, que, a diferencia de las clínicas de aborto, sí pueden citar un pasaje del texto de la Constitución que protege explícitamente su derecho a funcionar sin interferencias indebidas, ganaran hace unas semanas su impugnación contra ciertas restricciones por COVID-19 ordenadas por Newsom.

Sin embargo, en este caso, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos está dispuesta a anular una ley estatal para que algunos médicos abortistas pongan sus negocios por encima de la seguridad de las pacientes. Mientras tanto, los legisladores electos de Louisiana, incluida la legisladora demócrata que escribió el proyecto de ley y el gobernador demócrata que lo firmó, ven su trabajo deshecho por jueces que nadie eligió.

La distorsión también alcanza al juez Breyer. A lo largo de su tiempo en la Corte, Stephen Breyer ha mantenido una postura ampliamente liberal, a favor de la regulación gubernamental de la industria y de la salud. Y sin embargo, aquí busca eximir a quienes practican abortos de requisitos tan mínimos como tener privilegios de admisión en un hospital dentro de un radio de 30 millas. Al parecer, el aborto es la única industria que, según Stephen Breyer, no merece una supervisión rigurosa de salud y seguridad.

John Roberts es quizá la víctima más sorprendente de la distorsión del aborto, con su recién descubierta exaltación del stare decisis, la idea de que la Corte Suprema no debe anular sus precedentes sin razón suficiente. El presidente de la Corte rara vez ha mostrado reparos en anular decisiones pasadas que consideraba equivocadas. En temas de sindicatos del sector público, leyes de financiamiento de campañas y otros asuntos con enormes consecuencias en el mundo real, Roberts se unió una y otra vez a mayorías estrechas para anular desde decisiones de apenas 7 años hasta precedentes arraigados por décadas.

Pero de algún modo, tratándose del fallo Hellerstedt, de apenas 4 años, Roberts declaró que el stare decisis lo obligaba a sostener esa decisión, de la cual él mismo disintió y con la que todavía está en desacuerdo. Ninguna de las razones habituales del stare decisis (precedente de larga data, estabilidad en la ley, confianza, previsibilidad) aplica claramente a una decisión con una vida tan corta, respaldada por una mayoría tan estrecha de 5 a 3.

Roberts claramente está jugando a la política. Puede que esté reaccionando a voces prominentes de la izquierda (como los senadores Kamala Harris, Corey Booker, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar) que están abiertas a agregarle asientos a la Corte Suprema, lo que se conoce como “copar” la Corte, porque la perciben inclinándose a la derecha bajo el presidente Trump. El reciente rechazo de Roberts a posiciones favorecidas por Trump revela ese deseo de proteger la supuesta “imparcialidad” y “respetabilidad” de la Corte frente a los críticos liberales, sin importarle los críticos conservadores.

Pero jugar a la política no es su trabajo. Su trabajo es seguir el estado de derecho, “cantar bolas y strikes, no lanzar ni batear”. Esas no son mis palabras; son las propias palabras del juez Roberts en sus audiencias de confirmación de 2005. Haría bien en seguirlas, y en soltar de una vez su espejo de feria.