Respuesta al artículo del Fresno Bee sobre el mandato de anticonceptivos del HHS

El domingo pasado, el Fresno Bee publicó una nota del New York Times sobre los intentos de legisladores estatales de contrarrestar las propuestas de la administración Trump para revertir los mandatos de la era de Obama que obligan a los empleadores a cubrir anticonceptivos, incluyendo anticonceptivos abortivos, en los planes de salud de sus empleados. En el fondo era un editorial, apenas disfrazado con una fachada de noticia objetiva. En Right to Life sentimos que debíamos responder.

El tono del artículo es totalmente comprensivo con la postura que los demócratas han mantenido desde que la administración Obama emitió estos mandatos en 2012: que todos los empleadores, presumiblemente incluyendo a los empleadores religiosos, deberían ser obligados a cubrir anticonceptivos y fármacos de aborto químico para sus empleados, ignorando que están ampliamente disponibles y a bajo costo por medios distintos al seguro médico del empleador. Espera hasta su última oración para mencionar siquiera un punto de vista diferente, y describe a quienes apoyan la revocación de los mandatos como “conservadores religiosos y activistas antiaborto” (léase: “locos”, o quizás hasta “deplorables”).

Pues bien, los locos no estamos solos. La Primera Enmienda, la Religious Freedom Restoration Act (o “RFRA”, una ley de libertad religiosa de 1993 aprobada por un Congreso demócrata y firmada por Bill Clinton) y la Corte Suprema de los Estados Unidos representan una amenaza mucho mayor para los mandatos de aborto y anticonceptivos del ACA que Trump.

En su decisión de 2014 en Burwell v. Hobby Lobby, la Corte Suprema determinó que el gobierno tenía varias otras maneras de lograr su objetivo de ofrecerles a las mujeres cobertura anticonceptiva, sin involucrar a los empleadores en compras de seguros que violan sus creencias religiosas y morales más profundas. Por lo tanto, los mandatos violaban la RFRA, y la Corte anuló el mandato en lo que respecta a las corporaciones privadas de capital cerrado.

En su decisión de 2016 en Zubik v. Burwell, la Corte volvió a obligar al gobierno a buscar acomodos para los empleadores objetores, y ordenó un acuerdo para aliviar a organizaciones religiosas sin fines de lucro como las Hermanitas de los Pobres. Los mandatos del ACA, de manera absurda, obligaban a esta orden de monjas católicas a proveer cobertura de aborto y anticonceptivos para sus miembros, o de lo contrario enfrentar multas devastadoras. La nota del Times no mencionó estos casos, ni el terreno legal frágil y controvertido sobre el que descansan los mandatos.

El artículo también menciona con sorna que quienes objetan los mandatos “dicen” que algunos de los tratamientos cubiertos causan abortos. No es que nada más lo “digamos”: es un hecho indiscutible. Ella, los DIU y muchos otros tratamientos “anticonceptivos” en realidad no están diseñados para prevenir la concepción. Impiden que los embriones ya concebidos se implanten, y así provocan la pérdida del embarazo, matando a un organismo humano vivo. Estos embriones son seres humanos vivos, milagros de la biología con su propio ADN único, su propio juego de cromosomas y sus propios sistemas metabólicos, entidades separadas y distintas de sus padres.

Las objeciones a los mandatos anticonceptivos del ACA no son simples quejas de fanáticos ignorantes. Son reflexiones éticas de peso, basadas en un estudio serio de la ciencia, la fe, el derecho y la ética. Uno puede estar en desacuerdo con estas posturas, pero merecen más atención que una oración de relleno al final de un artículo que le hace porras a un solo punto de vista.