Malos proyectos de ley del estado de California
John Gerardi, Director Ejecutivo
COMUNICADO DE PRENSA: PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Right to Life of Central California condena enérgicamente las propuestas a favor del aborto de la Legislatura estatal.
FRESNO, CA, 1 de mayo de 2017: Con raras excepciones, lo que pasa en Sacramento, se queda en Sacramento. La mayoría de las políticas sociales radicales a favor del aborto que cada año se imponen a la fuerza en la Legislatura de California pasan casi sin cobertura y sin que nadie las note a nivel local, ya ni se diga a nivel nacional. El 2017 no es la excepción. Una de las propuestas más radicales que se debaten en este momento en Sacramento es la AB 569, que impediría que cualquier empleador tome medidas laborales en contra de una persona que se haga un aborto. Esto incluiría a empleadores religiosos como los colegios y universidades cristianas y las escuelas primarias y secundarias. Es una afrenta enorme a nuestros derechos de la Primera Enmienda: el libre ejercicio de la religión, la libre asociación y la libertad de expresión. No ofrece ninguna excepción para entidades como Right to Life of Central California, una organización no religiosa que dedica buena parte de su trabajo a difundir el mensaje provida. Prohibirnos despedir a una empleada del área educativa que se haga un aborto sofocaría, en la práctica, el mensaje que nuestra organización existe para difundir.
Más allá de estas violaciones explícitas a la Primera Enmienda, la Legislatura estatal pretende convertir cada centro de salud de las CSU, las UC y los colegios comunitarios en una clínica de abortos de las primeras semanas del embarazo, y pretende que los contribuyentes lo paguemos. La SB 320 exigirá que toda universidad pública y colegio comunitario les dé a todos sus estudiantes acceso (y cobertura en el plan de seguro estudiantil) a la mifepristona, la pastilla abortiva para las primeras semanas del embarazo, también conocida como RU-486. Hasta los estudiantes menores de 18 años tendrían acceso a este medicamento tan fuerte, sin que se les avise a sus padres.
¡Y eso no es todo! Nuestros impuestos también podrían terminar financiando placas vehiculares personalizadas a favor del aborto (SB 309), ampliando la cobertura de aborto de Medi-Cal (SB 743) e invadiendo el derecho de los padres y de las escuelas privadas a educar a sus hijos en temas relacionados con el aborto y la castidad (SB 18 y SCR 0041).
Es cierto que el país está dividido casi a la mitad sobre la legalidad del aborto, y California sin duda es un estado donde la mayoría está a favor. Pero existe un consenso amplio de que a las personas provida no se les debe obligar a participar en un aborto, a promoverlo ni a pagarlo con sus impuestos. Este es el principio detrás de la Enmienda Hyde, que mayorías de ambos partidos en el Congreso han aprobado durante cuarenta años seguidos.
La Constitución no existe para proteger los puntos de vista de la mayoría; más bien, fue diseñada explícitamente para proteger el derecho de las minorías religiosas y políticas a vivir conforme a sus convicciones de conciencia, sin la intromisión ni la coerción del gobierno. Ojalá nuestros amigos en Sacramento reconocieran esto y nos dejaran en paz.
